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[B4-04] La Ley de la GN de 2025 suprime la “previa autorización del Juez de control” para la georreferenciación en tiempo real con fines preventivos

Área / bloque: B. Seguridad / Bloque 4 (Ley de la GN 2025). Coincide con el Bloque 5 (geolocalización); el coordinador debe deduplicar. Tipo de defecto: B2 (facultad de vigilancia sin control judicial), B1 (“fines de prevención” sin delito ni supuesto de urgencia), regresión respecto del texto de 2019 Quién puede explotarlo: (a) la GN (cuerpo militar); (b) personas geolocalizadas, para impugnar y excluir prueba

La disposición

El defecto

  1. Regresión en el control. En 2025, la autorización judicial previa quedó ligada sólo a la intervención de comunicaciones. La georreferenciación en tiempo real y la “información con que cuenten” los concesionarios pasan a requerir únicamente una solicitud escrita “bajo el mando y conducción del Ministerio Público”. La finalidad sigue siendo preventiva, sin delito identificado ni carpeta de investigación.
  2. Antecedente: AI 62/2019. Aun con autorización judicial, siete ministros votaron por invalidar la porción “así como la georreferenciación de los equipos de comunicación móvil en tiempo real” de la fr. XXVI de 2019, por desproporcionada: “No fue previsto límite alguno en los casos en los que elementos de la Guardia Nacional pueden solicitar la geolocalización […] La norma resulta aún más indeterminada y extensiva al justificar su uso en tareas preventivas”. La propuesta se desestimó al no alcanzar ocho votos (resolutivo SEGUNDO; voto concurrente, párr. 52: “La mayoría de siete Ministros y Ministras votamos por declarar la invalidez […] al no alcanzarse la mayoría calificada requerida, la propuesta de invalidez se desestimó”). En 2025 el legislador, en lugar de acotarla, eliminó el control judicial.
  3. Incongruencia con el CNPP, art. 303: para la localización geográfica en tiempo real en la investigación de delitos, el MP debe “solicitar al Juez de control […] requiera a los concesionarios”. Sería incoherente que la prevención (sin delito) tenga menos control que la investigación (con delito).
  4. Bases constitucionales y convencionales: art. 16, párrafo primero (actos de molestia), y art. 16, párrafos sobre comunicaciones privadas y control judicial; art. 11.2 CADH (vida privada). La SCJN validó la geolocalización sin orden previa en la AI 32/2012 (CNDH contra el art. 133 Quáter del CFPP y el art. 40 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones; demanda de 11/05/2012, resuelta en sesiones de enero de 2014), en un contexto de investigación de delitos graves y casos de urgencia [corrección Fase 2: la ficha decía “LFTR”; la LFTR es de 2014 y no fue objeto de esa AI. Datos obtenidos de la demanda de la CNDH y de versiones taquigráficas localizadas por búsqueda; el engrose no se leyó]. Ese criterio fue superado legislativamente por el art. 303 del CNPP de 2016 [precedentes no releídos en esta fase]. El texto de 2025 no se limita a la investigación ni a la urgencia.

Escenario de explotación

La Coordinación Estatal de la GN en una entidad ficticia identifica, mediante “inteligencia preventiva” (art. 9-V), a una periodista local, “Laura Ibarra”, que investiga contratos de seguridad. Con un oficio firmado “bajo la conducción” de un agente del MP que no tiene carpeta abierta, la GN pide a la concesionaria la ubicación en tiempo real de la línea de Ibarra durante semanas, “para prevenir delitos”. Ningún juez interviene, no hay plazo y la ley no ordena notificar a la persona. La norma permite a la autoridad (a) seguir en tiempo real a cualquier persona sin control judicial. Si Ibarra descubre la medida (por ejemplo, en una solicitud de acceso a sus datos personales o en un proceso), podría (b) impugnarla.

Contraargumentos del Estado

  1. La georreferenciación no afecta la inviolabilidad de las comunicaciones porque sólo da la ubicación del equipo (criterio de la AI 32/2012, invocado por el Ejecutivo en la AI 62/2019). Probabilidad: incierto. Ese criterio es anterior a la jurisprudencia interamericana y comparada sobre datos de ubicación. En 2023, siete ministros lo consideraron insuficiente para fines preventivos.
  2. La conducción del MP es un control suficiente. Probabilidad: improbable. El MP es parte y no autoridad judicial. El CNPP exige juez para la misma medida en la investigación.
  3. Interpretación conforme: “en los términos del artículo 16 Constitucional” implicaría pedir autorización judicial. Probabilidad: probable. La SCJN podría salvar la norma así, lo que en la práctica daría a la víctima un resultado útil (ilicitud de la medida sin orden judicial).
  4. Improcedencia de la AI (plazo vencido) y falta de interés en un amparo sin conocimiento del acto. Probabilidad: muy probable contra la AI; probable obstáculo práctico para el amparo, porque la medida es secreta.

Contraargumentos añadidos en la Fase 2 (abogado del Estado):

  1. Interpretación sistemática con el art. 303 CNPP. La nueva fr. XXVI exige actuar “bajo el mando y conducción del Ministerio Público”. El MP, a su vez, sólo puede obtener la localización en tiempo real mediante el Juez de control (art. 303, párr. 1) o, excepcionalmente, ordenándola él mismo con ratificación judicial en 48 horas (art. 303, párr. 5: peligro para la vida o integridad, secuestro, extorsión, delincuencia organizada). La GN no tendría así más facultades que el MP que la conduce. Probabilidad: probable. Es la interpretación conforme más natural, y la SCJN la usó con el art. 9-XVIII de 2019 en la AI 62/2019 (subinciso VI.2.7, interpretación sistemática con el art. 132-XI CNPP). Efecto práctico: la medida sin juez sería ilícita, que es lo que necesita la defensa. Pero la norma sobreviviría.
  2. Desestimación en 2023 = no hay precedente de invalidez. La AI 62/2019 desestimó (7 votos) la porción equivalente de 2019. Probabilidad: probable en cuanto a la falta de obligatoriedad. Sin embargo, los siete votos se emitieron sobre un texto que sí exigía juez.

Estado actual

Vía procesal posible

Fuentes

Confianza y verificación

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